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Acusación de Trump en Miami: estos son los riesgos de llevar a juicio a un expresidente

today06/14/2023 13

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Por un lado, en EEUU rige el principio básico de que nadie está por encima de la ley, pero también se puede presentar un caso sólido para que un fiscal ejerza su discreción y no acuse a un expresidente.

La cuestión de procesar penalmente a un expresidente de Estados Unidos es delicada.

Sin embargo, un fiscal estatal acusó a Donald Trump de violar las leyes mercantiles de Nueva York. Y un fiscal federal también acusó a Trump de violar las leyes de seguridad nacional.

Por un lado, el sistema judicial de EEUU se basa en un principio básico de la ley inglesa que se remonta a principios del siglo XIII de que nadie está por encima de la ley. Como explicó el jurista medieval Henry de Bracton en ‘Sobre las leyes y costumbres de Inglaterra’, la ley hace al rey y, por lo tanto, el rey debe estar sujeto a la ley.

“El rey no debe estar bajo ningún hombre, sino bajo Dios y la ley”, escribió de Bracton.

En su breve declaración pública, el fiscal especial Jack Smith parafraseó ese concepto al anunciar su decisión de acusar a Trump de violar las leyes de seguridad nacional y de participar en una conspiración para obstruir la justicia.

“Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos”, dijo Smith. “La adhesión al estado de derecho es un principio fundamental… Y el compromiso de nuestra nación con el estado de derecho es un ejemplo para el mundo”.

Pero se puede presentar un caso sólido para que un fiscal ejerza su discreción y no acuse a un expresidente.

Parte de ese argumento se basa en la percepción que tal decisión tendría entre parte del público estadounidense, de que el sistema de justicia penal había sido armado para castigar a los rivales políticos.

De hecho, Trump, así como algunos de sus seguidores, han usado esa percepción en un intento de convencer a su base política de que ambas acusaciones tienen motivaciones políticas. Uno de los partidarios de Trump en el Congreso, Jim Jordan, un republicano de Ohio, incluso ha convocado audiencias sobre el uso como arma política del FBI, entre otras agencias federales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, habló en nombre de muchos de los partidarios de Trump cuando le dijo a Fox News: “Esto va a trastornar a esta nación porque va al núcleo de la justicia equitativa para todos, que no se ve hoy. Y no vamos a tolerarlo”.

Es razonable que los ciudadanos comunes teman que los fiscales abusen de su poder al presentar cargos inmerecidos y políticamente motivados contra sus oponentes políticos. Algunos principios legales fundamentales pueden arrojar luz sobre cuándo tales enjuiciamientos son o no razonables.

Cuando enseño Derecho Penal de primer año en Harvard, uno de mis objetivos es ayudar a la clase a comprender que el sistema de justicia criminal se basa en lo que las comunidades consideran un comportamiento moralmente incorrecto.

Tanto en el caso estatal como en el federal, ambos fiscales creen que el comportamiento de Trump superó ese umbral.

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El sistema de justicia necesita credibilidad

Al considerar acusar a un expresidente de delitos, se deben rechazar dos posiciones extremas desde el principio.

Primero, algunos argumentan que la igualdad ante la ley significa precisamente eso. Si un expresidente comete un delito, debe ser acusado.

Esta posición ignora la realidad de que los costos asociados con acusar a un expresidente, particularmente a uno que es un candidato actual a la presidencia, pueden ser altos.

Nuestro sistema de justicia penal depende de que la ciudadanía crea en su legitimidad. La creencia generalizada de que el enjuiciamiento de un expresidente se está utilizando como una herramienta política socava esa legitimidad.

En segundo lugar, otros como McCarthy argumentan que un expresidente no debería ser acusado de ningún delito, ya que hacerlo provocaría un daño permanente a la credibilidad de las tradiciones democráticas estadounidenses.

Este argumento también exagera las posibles consecuencias.

En los últimos años, dos democracias, Francia e Israel, han acusado a un líder anterior o actual, y ambas democracias siguen funcionando.

En Francia, el expresidente Nicholas Sarkozy fue acusado y condenado en 2021 por cargos de corrupción. Y en Israel, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, fue acusado de soborno, entre otros cargos.

Al igual que Francia e Israel, las tradiciones democráticas de los Estados Unidos son lo suficientemente fuertes como para soportar el enjuiciamiento de un expresidente o candidato presidencial.

Cuándo acusar a un expresidente

Los teóricos del derecho han dividido el derecho penal en dos categorías.

Conocido en latín como malum in se, la primera categoría se utiliza para definir conductas que se consideran naturalmente malas según lo determinado por el sentido de una comunidad civilizada.

Tal conducta incluye, asesinato, hurto y asalto.

La otra categoría se conoce en latín como malum prohibitum e involucra una conducta que es un delito solo porque la ley lo establece.

En términos sencillos, el malum in se es ilegal porque la conducta, a primera vista, es inmoral. En contraste, malum prohibitum es inmoral solo porque una ley lo ha declarado ilegal.

Por ejemplo, un homicidio premeditado es inmoral a primera vista.

No proceder con precaución en un semáforo en amarillo no es inmoral per se; está mal porque los legisladores han escrito un código que dice que está mal.

¿En qué tipo de crimen se debe proceder contra un expresidente?

Los fiscales solo deben acusar a los expresidentes o candidatos presidenciales por delitos que se consideren inmorales.

De esta forma, se excluye de consideración toda una clase de delitos no graves. Por ejemplo, los estadounidenses nunca tendrán un fiscal demócrata acusando a un expresidente republicano de cruzar la calle imprudentemente. Del mismo modo, un fiscal republicano no acusará a un candidato presidencial demócrata de tirar basura a la calle.

Si bien la exclusión de muchos delitos por parte de los fiscales es un comienzo útil para determinar si procesar o no, el difícil trabajo analítico surge cuando se decide en qué categorías se incluyen ciertos delitos.

¿Es malo violar las leyes de registros comerciales de un estado?

¿Es inmoral violar las leyes de seguridad nacional?

¿Son esas conductas más como una infracción de tráfico o un homicidio premeditado?

¿Qué pasa si el expresidente incumplió las leyes de registros comerciales con el propósito de violar alguna otra ley, lo que eleva la conducta de un delito menor a un delito mayor?

En sus declaraciones públicas poco después de acusar a Trump, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, explicó que Nueva York es la capital financiera del mundo y que el estado tiene un interés significativo en hacer cumplir sus leyes de registros mercantiles.

Bragg explicó además que el hecho de no vigilar el cumplimiento de las leyes de registros comerciales podría tener un impacto en los consumidores: personas reales y cotidianas que confían en prácticas justas que, a su vez, son la base para mercados justos, tasas de interés justas y precios justos para una variedad de productos, bienes y servicios.

Nadie está por encima de la ley

Al final, la decisión de acusar penalmente a un expresidente se convierte en una cuestión delicada.

La protección igualitaria ante la ley es un valor que los estadounidenses deben apreciar. Pero cuando se trata de un expresidente, se deben considerar valores contrapuestos.

¿Es el presunto delito tan atroz que el beneficio de mantener a un expresidente en pie de igualdad ante la ley supera el costo asociado con la apariencia de un enjuiciamiento partidista armado?

Hasta el momento, Smith y Bragg son los únicos fiscales estatales y federales que han respondido a esa pregunta mediante la presentación de una acusación.

“Hoy mantenemos nuestra solemne responsabilidad de garantizar que todos sean iguales ante la ley”, dijo Bragg. “Ninguna cantidad de dinero… y el poder cambia ese principio estadounidense perdurable”.

Asimismo, Jack Smith instó a los interesados en el caso a leer la acusación antes de acusar que su investigación tuvo motivaciones políticas.

“Nuestras leyes que protegen la información de la defensa nacional son críticas para la seguridad de los Estados Unidos y deben hacerse cumplir”, dijo Smith. “Las violaciones de esas leyes ponen en riesgo a nuestro país”.

*Ronald S. Sullivan Jr. es profesor de Derecho, Universidad de Harvard

Fuente: Univision.com

Written by: Editor

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